En medio de la incertidumbre que caracterizó los primeros meses de la pandemia del COVID-19, la Seguridad Social extendió su mano para proporcionar alivio a más de 150,000 autónomos en España. Sin embargo, el panorama actual presenta un giro inesperado, ya que se ha anunciado que estas ayudas se someterán a una revisión exhaustiva. Este proceso, que comenzará en septiembre, plantea la posibilidad de que miles de autónomos deban devolver las prestaciones que recibieron durante los días más oscuros de la crisis sanitaria.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha expresado su profunda preocupación y desconcierto ante esta medida que califican como «absurda». Según la información proporcionada por ATA, más de 150,000 autónomos se verán afectados por esta revisión, lo que representa más del 10% de los beneficiarios originales de las ayudas por cese de actividad.

La polémica surge no solo por la magnitud de la revisión, sino también por las circunstancias en las que se otorgaron originalmente estas ayudas. ATA argumenta que las subvenciones se concedieron en un momento en que el Estado de Alarma fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, lo que añade una capa adicional de controversia a la situación.

En un comunicado, la Federación ha expresado su desacuerdo con la revisión, afirmando que no tiene sentido exigir a los autónomos que devuelvan ayudas por no cumplir normas establecidas durante un estado de alarma que fue declarado ilegal. Esta postura resalta la complejidad ética y legal de la situación, ya que los autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios debido a un decreto cuestionado desde su misma naturaleza constitucional.

La revisión propuesta podría poner en aprietos a más de 150,000 autónomos, quienes podrían enfrentar la devolución de las ayudas, lo que equivaldría a al menos 660 euros más la exoneración de la cuota social por cada uno de los tres meses en los que recibieron la prestación. Estas devoluciones podrían deberse a presuntos incumplimientos de las condiciones establecidas, que incluyen la acreditación del cierre del negocio o la caída de ingresos superior al 75%.

Entre las posibles razones de devolución, se destaca la incompatibilidad del cese de actividad con otras prestaciones, como la maternidad, a pesar de rectificaciones gubernamentales anteriores que reconocieron la compatibilidad entre ambas prestaciones. Esto plantea interrogantes sobre la coherencia y claridad de las normas establecidas durante el Estado de Alarma.

ATA señala que la revisión podría afectar a autónomos que trabajan en sectores específicos, como arquitectos o diseñadores que operan por proyectos estacionales y tienen dificultades para justificar una caída del 75% en los ingresos. También critican la exigencia de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, lo cual podría afectar a aquellos con cotizaciones pendientes o documentación incompleta.

La propuesta de revisión, en opinión de ATA, no tiene en cuenta la vulnerabilidad y excepcionalidad en la que se encontraban los autónomos durante el Estado de Alarma. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha instado a una «amnistía» para estos más de 150,000 autónomos, argumentando que las prestaciones por cese de actividad se originaron en un contexto de confinamiento y un Estado de Alarma que fue declarado inconstitucional.

La situación plantea importantes cuestionamientos sobre la adecuación de las normativas gubernamentales y la protección de los derechos de los autónomos en momentos de crisis. La petición de amnistía por parte de ATA resuena como un llamado a la comprensión de las circunstancias excepcionales que rodearon la concesión de estas ayudas, resaltando la importancia de un enfoque equitativo y comprensivo en medio de situaciones de crisis.