El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha expresado su fuerte oposición al pacto de investidura entre el PSOE y el PNV, el cual implica la transferencia en un periodo de dos años de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco. Esta medida ha desencadenado una serie de críticas, ya que se considera que «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles».

Los inspectores argumentan que permitir que las Comunidades Autónomas gestionen las pensiones y otras prestaciones sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el país conduciría a la ruptura de la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles en materia prestacional. Se basan en el artículo 149.1.17 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social. Además, citan varias sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la idea de que el Estado debe mantener las competencias ejecutivas para garantizar la unidad y el funcionamiento uniforme del sistema.

Advierten que incluso si la competencia transferida afecta solo a la tramitación en ventanilla, representaría un riesgo para la unidad del sistema. Destacan áreas críticas como el encuadramiento, afiliación, altas y bajas, control, liquidación de cuotas, recaudación ejecutiva, entre otras, que deberían mantenerse bajo la dirección única del Estado para preservar la igualdad y la eficiencia del sistema.

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social también respalda la idea de que la gestión económica de la Seguridad Social debe seguir siendo competencia exclusiva del Estado para garantizar la convivencia y la igualdad de todos los ciudadanos.

En cuanto a la ‘caja única’ de la Seguridad Social, que garantiza que los beneficiarios reciban las mismas cuantías independientemente de la comunidad en la que residan, los inspectores y la asociación mencionada destacan que su mantenimiento es esencial para la convivencia. El País Vasco, en el primer grupo de comunidades deficitarias, podría no beneficiarse de la ruptura de esta ‘caja única’, ya que tendría que asumir el pago de sus prestaciones con los ingresos por cotizaciones que recibe.

A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Seguridad Social de que el traspaso no rompería la ‘caja única’, los inspectores argumentan que la falta de claridad sobre en qué consistiría exactamente esta transferencia y qué competencias adquiriría el País Vasco podría alterar la ‘caja única’ en el futuro.

En el ámbito político, la gestión económica de la Seguridad Social se ha convertido en un punto de controversia, ya que se acordó en un pacto bilateral entre el PSOE y el PNV, excluyendo la participación de otros grupos políticos. Esto ha generado críticas adicionales, con sindicatos como UGT y CCOO pidiendo que cualquier cambio en materia de Seguridad Social y pensiones debería pasar por el Pacto de Toledo para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes.

En resumen, el acuerdo de transferir la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco ha desencadenado fuertes críticas, ya que se percibe como una amenaza para la solidaridad y la igualdad en el sistema. Las preocupaciones se centran en la posible ruptura de la ‘caja única’, la falta de claridad sobre las competencias transferidas y la exclusión de otros grupos políticos en el proceso de toma de decisiones.